Varados en una pandemia: las experiencias de los migrantes y refugiados exigen un gobierno colaborativo

La movilidad de casi todas personas del mundo se vio restringida por la pandemia de COVID-19. Los confinamientos o cuarentenas, las restricciones a los viajes, los cierres de fronteras y la preocupación por las nuevas variantes alteraron la mayoría de las vidas, pero los efectos de estas medidas fueron especialmente difíciles para las poblaciones vulnerables que se vieron obligadas a huir de sus hogares y para los migrantes económicos que suelen quedar en la incertidumbre en tiempos de crisis.

Las poblaciones desamparadas en todo el mundo quedaron al margen de estructuras estatales que no eran lo suficientemente ágiles para atender sus necesidades. Sin embargo, las lecciones que surgen de la pandemia pueden mejorar los esfuerzos de recuperación inclusiva y ayudar a preparar respuestas a futuras crisis que satisfagan las necesidades de los desplazados forzosos.

El IDRC apoya la iniciativa Respuestas al COVID-19 para la Equidad, que busca comprender los impactos de la pandemia y desarrollar estrategias de recuperación basadas en la evidencia y en respuestas locales dirigidas por la comunidad. La investigación se centra en los desplazados forzosos, incluidos los migrantes que han huido de la persecución, los conflictos, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, las dificultades económicas, el cambio climático o los casos prolongados de inestabilidad política. Estos estudios documentan las barreras adicionales a las que se enfrentan los migrantes en una crisis y demuestran el importante papel que desempeñan las organizaciones de base en su apoyo. Las conclusiones abogan por que los gobiernos orquesten respuestas concertadas que se basen en modelos de gobierno colaborativo, especialmente en tiempos de crisis.

La pandemia presenta aún más dificultades para las poblaciones de desplazados forzosos debido a los prejuicios y barreras preexistentes. Investigaciones previas a la pandemia identificaron barreras estructurales de gobierno que dificultan el acceso de los migrantes a protección y beneficios sociales. Estas barreras sistémicas tienen su origen en un sesgo sedentario (cuando la migración se enfoca como un fenómeno negativo) en las estructuras estatales.

Una investigación apoyada por el IDRC y dirigida por Asuntos del Sur muestra que en México, las autoridades exigen identificaciones nacionales antes de conceder acceso a los servicios de salud y a las ayudas económicast. Esta práctica va en detrimento de los migrantes extranjeros, muchos de los cuales proceden de países centroamericanos. La investigación encontró que muchos de los albergues para migrantes en México cerraron durante la pandemia, lo que afectó a las poblaciones transitorias y las puso en riesgo de enfermar y morir. Los refugios que permanecieron abiertos carecían de fondos y no contaban con mascarillas y geles antibacterianos ni con acceso suficiente a agua e instalaciones de desinfección. Otros obstáculos fueron la falta de eficacia o incluso la suspensión de los procedimientos de inmigración, lo que supuso directamente la violación del derecho de asilo y protección internacional de las personas.

El sesgo también es evidente en una investigación apoyada por el IDRC en 12 ciudades y dirigida por Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO). La investigación descubrió que el 15 % de los trabajadores en empleo informal que viven en Ciudad de México recibían transferencias de dinero en efectivo en comparación con solo el 2 % de los trabajadores migrantes de fuera de la ciudad. Del mismo modo, WIEGO halló que los trabajadores migrantes de las ciudades indias de Ahmedabad y Delhi no podían acceder a la ayuda alimentaria porque sus tarjetas de racionamiento estaban registradas en sus ciudades de origen. Solo el 34 % afirmó que recibía transferencias de efectivo, en comparación con el 43 % de los trabajadores de la misma ciudad.

Los migrantes repatriados en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) también fueron invisibles en los registros de ayuda social del gobierno. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), socio de investigación del IDRC, halló que el 35 % de las personas que fueron deportadas o que regresaron a El Salvador desde Estados Unidos o México no contaban con documentos de identidad. Sin documentos de identidad, estos migrantes repatriados no tenían derecho a recibir transferencias de dinero en efectivo, subsidios ni servicios médicos o de otro tipo. En Guatemala, ninguno de los repatriados encuestados declaró ser beneficiario de programas de apoyo del gobierno. Además de los graves desafíos económicos, los repatriados informaron del rechazo de la comunidad dirigido hacia ellos y sus familias.

Los migrantes suelen enfrentarse a la exclusión social, una vulnerabilidad que se ve intensificada por otros aspectos de su identidad que se entrecruzan, como el género, la etnia, la clase y la ubicación geográfica. Al intensificarse las ansiedades y la falta de apoyo para los migrantes, estas identidades entrecruzadas empeoraron el impacto para muchos.

La investigación de WIEGO documenta la desproporcionada carga de trabajo de cuidados que asumieron las mujeres con empleos informales, especialmente porque los confinamientos afectaron al funcionamiento de las escuelas, las guarderías y la capacidad de los abuelos y otros familiares o vecinos para ayudar. El estudio de 12 ciudades halló que solo el 32 % de los trabajadores no migrantes podían acceder a esta red de seguridad social informal, en comparación con solo una cuarta parte de los trabajadores migrantes. Para las trabajadoras migrantes, este entrecruce de la migración, el género y el empleo informal incluye implicaciones a largo plazo en la pobreza intergeneracional, ya que el trabajo de cuidados no remunerado las obliga a trabajar menos días y a depender de sus activos previamente acumulados para sobrevivir.

Mientras que las respuestas a nivel estatal han sido insuficientes para atender las necesidades básicas de los migrantes, la investigación apoyada por el IDRC en respuesta a la pandemia de COVID-19 ha documentado casos de respuestas eficaces a nivel comunitario por parte de organizaciones de base, incluidos los propios migrantes.

Por ejemplo, Asuntos del Sur descubrió que las organizaciones de la sociedad civil abordaron el vacío dejado por el Estado mediante la entrega de suministros de alimentos, la creación de cocinas comunitarias, el establecimiento de protocolos de salud y la búsqueda de lugares para que los migrantes se quedaran en tránsito por México al inicio de la pandemia.

Se sabe que los migrantes cuentan con redes que les dan cierto nivel de resiliencia en tiempos de crisis. El socio de investigación del IDRC, la Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) halló que las mujeres migrantes en Argentina utilizaron sus conocimientos y habilidades organizativas para llenar el vacío dejado por el Estado. Los testimonios de los miembros de estas redes ilustran el voluntariado de las mujeres migrantes para proporcionar ayuda alimentaria a través de comedores sociales y apoyo a quienes sufrieron violencia de género y violencia institucional relacionada con la aplicación de las cuarentenas.

ASIES halló que muchas de las organizaciones no gubernamentales que prestan servicios a los migrantes repatriados suspendieron sus servicios habituales durante la cuarentena y se centraron en la distribución de ayuda puntual, como alimentos básicos, tarjetas de regalo o kits de bioseguridad. Algunas también apoyaron el desarrollo empresarial en sus circunscripciones o proporcionaron asistencia psicológica a distancia.

La investigación apoyada por la iniciativa Respuestas al COVID-19 para la Equidad ilustra la importancia de las respuestas localizadas y la necesidad de coordinar los esfuerzos de los grupos comunitarios informales, las ONG, los municipios y los gobiernos estatales y nacionales.

ASIES y UNSAM se centran en el papel de las familias y las comunidades al satisfacer las necesidades de los migrantes extranjeros y los repatriados. WIEGO recomienda reconocer a las organizaciones de base como un componente esencial del ecosistema de protección social.

Para Asuntos del Sur, estas formas de colaboración permiten a los gobiernos aprovechar una inteligencia colectiva para encontrar soluciones a los desafíos de nuestro tiempo (como la pandemia de COVID-19) de una manera que no deje atrás a las poblaciones de desplazados forzosos o a los migrantes que se ven obligados a regresar a sus hogares.

Colaboradores: Natasha Chhabra, oficial de programa, con los especialistas sénior de programa del IDRC Martha Melesse, Fernando Perini, Edgard Rodríguez, Walter Ubal y Alejandra Vargas García.