La evidencia revela mejores formas de proteger los medios de subsistencia y los derechos durante las emergencias mundiales
En el 2020, el IDRC se movilizó para apoyar la investigación para responder a la pandemia de COVID-19. Su iniciativa más grande dentro de esta respuesta, Respuestas para la Equidad ante el COVID-19, buscó comprender los impactos socioeconómicos de la pandemia, generar mejores opciones de políticas para la recuperación y desarrollar resiliencia contra futuras crisis y emergencias globales.
En todo el mundo, la pandemia ha tenido graves impactos en los medios de vida y la seguridad alimentaria de las personas, las redes de seguridad social y económica, las dinámicas de poder de género, los derechos y la salud. Expuso dramáticamente las debilidades e inequidades en los sistemas de protección social, la producción y distribución de alimentos, la seguridad laboral, las políticas económicas y el acceso a la información y a los servicios. La Iniciativa Respuestas para la Equidad ante el COVID-19 ha producido recomendaciones y soluciones para abordar estos impactos.
Los hallazgos de los 21 proyectos de la iniciativa, que abarcan 42 países de ingresos bajos y medianos, tienen profundas implicaciones para la preparación y respuesta ante una pandemia en el Sur Global. La investigación ha identificado las políticas económicas y sociales necesarias para desarrollar sistemas de protección social inclusivos, dirigirse a los más vulnerables con medidas fiscales y utilizar la política macroeconómica para promover la igualdad de género.
Las soluciones y recomendaciones incluyen, por ejemplo, el apoyo a los comedores administrados por la comunidad en Perú para abordar la escasez aguda de alimentos y medidas de ayuda para los trabajadores migrantes en la India. Estas soluciones se basan en las experiencias vividas de las comunidades más difíciles de alcanzar y en modelos rigurosos y análisis macroeconómicos.
Hallazgos y recomendaciones clave
Un informe reciente publicado por el Institute of Development Studies (IDS) resume los hallazgos y recomendaciones clave emergentes de la Iniciativa Respuestas para la Equidad ante el COVID-19. IDS está apoyando a los equipos de investigación para maximizar el aprendizaje generado a través de la cartera de investigación y profundizar el compromiso con los gobiernos, la sociedad civil y la comunidad científica.
He aquí algunos aspectos destacados de los aprendizajes de la iniciativa:
Puntos destacados de la investigación
- Las reformas del sistema alimentario deben dirigirse a las mujeres y los jóvenes
- Los sistemas de protección social deben volverse más inclusivos y flexibles
- Las políticas económicas equitativas son fundamentales para una respuesta pandémica más eficaz
- Se necesita una gobernanza colaborativa para responder a las emergencias sanitarias
Las reformas del sistema alimentario deben dirigirse a las mujeres y los jóvenes
COVID-19 ha tenido un gran impacto en la producción doméstica y el acceso a alimentos nutritivos y de calidad. Esto se debe a las pérdidas de ingresos combinadas con el aumento de los precios de los alimentos y las restricciones temporales al movimiento de personas y productos. La investigación también destaca la situación de las personas que trabajan en el sector informal, en particular las mujeres, incluyendo las trabajadoras migrantes, las recicladoras, las trabajadores sexuales y las vendedoras ambulantes.
Las recomendaciones para abordar los impactos de COVID-19 en los grupos marginados incluyen políticas para apoyar las partes vulnerables de la cadena alimentaria durante las crisis, y medidas de protección social adaptativas dirigidas a mujeres y jóvenes en los sectores informales.
En Lima, Perú, la investigación se centró en los comedores comunitarios que surgieron durante la pandemia para proporcionar alimentos asequibles y subsidiados en barrios urbanos pobres. El centro de investigaciones, Grupo para el Análisis del Desarrollo (conocido como GRADE), fortaleció estas organizaciones informales mediante el desarrollo de un programa de capacitación con el municipio sobre prácticas de nutrición, gestión y salud que ahora se ha convertido en una estrategia nacional de cero hambre. El mismo equipo se asoció con la Asociación de Bancos del Perú y los gobiernos locales para introducir dinero digital en los mercados de alimentos para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 y mantener en funcionamiento estas fuentes locales de alimentos. Ahora se está trabajando en una plataforma de comercio electrónico para vendedores de alimentos.
Este tipo de reforma del sistema alimentario basada en evidencia respalda la recuperación a largo plazo y genera resiliencia ante futuras crisis.
Los sistemas de protección social deben volverse más inclusivos y flexibles
En gran parte de la investigación publicada a partir de esta iniciativa, existen observaciones sobre el impacto del COVID-19 en los grupos que están excluidos de los esquemas de protección social. La pandemia ha exacerbado las debilidades preexistentes en la protección social en todas las regiones.
Los trabajadores migrantes son un importante grupo vulnerable porque carecen de redes familiares para hacer frente a las crisis. Investigadores del Quantum Hub y el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer analizaron un programa de alquiler de viviendas para inmigrantes en India. Sus recomendaciones incluyen realizar consultas para establecer un límite de alquiler asequible; utilizar datos sobre trabajadores migrantes para garantizar una capacidad de vivienda adecuada, e incluir disposiciones para mujeres solteras, personas discapacitadas y mujeres viudas.
En muchos países, COVID-19 despertó interés en políticas que conducen a una renta básica universal. Un artículo de investigación de Arab Reform Initiative exploró el concepto en el contexto de Medio Oriente y África del Norte, sus ventajas y desventajas, y las dificultades relacionadas con la forma en que podría financiarse.
Otros estudios proponen recomendaciones para enfoques más inclusivos y adaptativos de la protección social como elementos centrales para prepararse para futuras emergencias sanitarias y económicas.
Las políticas económicas equitativas son fundamentales para una respuesta pandémica más eficaz
Los gobiernos han tenido que responder urgentemente con políticas monetarias y fiscales para mitigar los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad. Los formuladores de políticas hicieron malabarismos con las prioridades de mantener a flote a las empresas y brindar ayuda en efectivo y alimentos a las personas mientras controlaban la inflación y administraban la deuda pública.
En un proyecto dirigido por el South African Institute of International Affairs, los investigadores hallaron que una combinación de políticas en Uganda ayudó a mitigar los impactos económicos negativos de la pandemia. La respuesta incluyó reducciones de las tasas de interés del mercado para alentar la inversión del sector privado y el consumo de los hogares. Las políticas respaldaron la estabilidad al moderar la liquidez, la adecuación del capital y los riesgos crediticios en los mercados financieros. La desgravación fiscal proporcionó un escudo de liquidez temporal para las pequeñas empresas que se enfrentan a una caída de la demanda y a los acreedores más reacios al riesgo.
Las implicaciones de género de las políticas macroeconómicas son difíciles de identificar porque las experiencias de las mujeres varían según los niveles de ingresos, el estatus migratorio, la edad, la orientación sexual y si tienen hijos. Aunque se necesitan más datos desglosados por género, las recomendaciones de política macroeconómica para mejorar la igualdad de género incluyen identificar y enfocarse en sectores dominados por mujeres, como la industria de la confección o la agricultura, aliviar las responsabilidades de cuidado no remuneradas y apoyar las empresas propiedad de mujeres, especialmente en el sector informal.
Se necesita una gobernanza colaborativa para responder a las emergencias sanitarias
La pandemia ha movilizado a los ciudadanos para apoyar a otros necesitados y ha generado una reacción violenta contra los grupos marginados. La investigación ha encontrado ejemplos de acciones sólidas de la sociedad civil que pueden ser aprovechadas por diferentes niveles de gobierno para respaldar una respuesta más eficaz a la pandemia.
En Líbano, se formó un grupo de ciudadanos preocupados para identificar las deficiencias en las respuestas gubernamentales a la pandemia. Su informe hizo un llamado a comunicaciones públicas más sólidas y una mejor coordinación con las autoridades locales, entre otras recomendaciones. La investigación en Túnez también propuso la planificación a nivel municipal, especialmente para llegar a personas con necesidades especiales o sin apoyo familiar y mujeres que han sufrido violencia.
Los grupos de la sociedad civil también han colaborado con los gobiernos en áreas como el rastreo de contactos y la canalización de ayuda alimentaria.
Algunos estudios también han destacado respuestas violentas del sector de la seguridad y del estado militarizado, respaldadas por el pánico y disputas políticas de larga data. Un equipo de investigación en Sudáfrica, por ejemplo, pidió la profesionalización y desmilitarización de las fuerzas policiales,, la necesidad de reconocer los desafíos que enfrentan las personas durante un desastre y fomentar la cohesión social y la cooperación.
Protegiendo a los más vulnerables
Como cuerpo de investigación, los 21 proyectos brindan evidencia poderosa para orientar las inversiones que pueden llegar a algunos de los grupos de población más vulnerables a las crisis, en particular, los hogares rurales dirigidos por mujeres, los trabajadores informales, los migrantes y las minorías raciales y étnicas. Estos grupos han sufrido algunos de los peores impactos sociales y económicos de la pandemia debido a desigualdades profundamente arraigadas.
Las recomendaciones ofrecen mejores formas de construir sistemas alimentarios resilientes, sistemas de protección social inclusivos, respuestas de política económica coordinadas y gobernanza colaborativa para proteger a los más vulnerables contra los impactos ambientales y económicos.
Colaboradores: Laura Bolton, oficial de investigación y James Georgalakis, director de Comunicaciones e Impacto del Instituto de Estudios del Desarrollo, junto a los especialistas sénior de programas del IDRC, Arjan de Haan y Adrian Di Giovanni.