COP30: la Amazonía al borde del punto de inflexión
A más de 30°C, con el aire saturado de humedad, las orillas del río Cuieiras, en la desembocadura del río Negro, ofrecen una sofocante imagen de la Amazonía. El sudor recorre los cuerpos sin que el sol logre secarlo, y la lluvia que debería aliviar el calor al final de esta jornada de junio simplemente no llega. Tayo Pontes, de 21 años, miembro de la comunidad indígena kambeba, guarda su canoa de madera. Con este calor, pescar es prácticamente imposible. Tal vez al amanecer, cuando el llamado “agua Coca-Cola”, apodo del río Negro por su color oscuro, esté más fresco, tenga una mejor oportunidad de encontrar peces para alimentar a su familia.
En la Amazonía, la vida tradicionalmente se organiza en torno a dos estaciones: la lluviosa (de mediados de diciembre a mediados de mayo) y la seca (de mediados de mayo a mediados de diciembre). Sin embargo, desde hace al menos dos años, la situación se ha vuelto crítica en esta vasta selva tropical de América del Sur que se extiende por nueve países, principalmente Brasil. Los extremos climáticos —sequías severas e inundaciones— se suceden con mayor frecuencia. A ello se suman el aumento de la deforestación y el incremento general de las temperaturas, factores que amenazan el delicado equilibrio que permite a la biodiversidad amazónica resistir los efectos del cambio climático.
El impacto de estos cambios es especialmente visible en la aldea de los kambebas, conocidos como el “pueblo del agua”, cuya leyenda de origen cuenta que nacieron de una gota de agua que cayó sobre la Tierra. La comunidad se encuentra a dos horas en barco de Manaos, la ciudad más grande de la Amazonía, con 2,2 millones de habitantes. Los kambebas llevan varias décadas asentados en la confluencia de los ríos Cuieiras y Negro, afluente del Amazonas, el río más largo del mundo. Este recorre cerca de 7000 kilómetros desde el este del Perú, donde vive la mayor parte del pueblo kambeba, hasta el océano Atlántico, atravesando el norte de Brasil. Los cerca de 100 kambebas que habitan a orillas del río Negro pasan cada vez menos tiempo en los campos y en el río debido al calor sofocante y a lo que llaman las “nuevas estaciones secas”. Esto afecta no solo su seguridad alimentaria, sino también la economía local, que depende en gran medida del turismo y del paso de cruceros fluviales. Sin agua, no hay turistas.
“Debido a la sequía y al calor, que elevan la temperatura del agua, mueren muchos peces”, explica Tayo Pontes. “Muchos amigos se han ido del pueblo porque no sabían cuán intensa sería la estación seca este año. Vivir con esa incertidumbre, sin saber si se podrá pescar o si el pescado será comestible, se volvió demasiado difícil ”.
Desde el punto de vista climático, este es un año decisivo para Brasil. Las 180 comunidades y los 860.000 indígenas registrados por la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) esperan que el gobierno acelere la llamada “ayuda climática”, mediante iniciativas como la reforestación y medidas para mitigar los efectos del cambio climático en la vida cotidiana. Además, del 10 al 21 de noviembre, Belém, en el este del país y principal puerto de salida de los productos amazónicos, será sede de la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Como país anfitrión, Brasil busca colocar a los pueblos indígenas en primer plano para destacar su papel como guardianes de la Amazonía y actores clave en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, muchas comunidades temen que sus demandas —en especial las relacionadas con la deforestación ilegal— no sean realmente escuchadas.
Además, existe un desafío logístico importante: garantizar que las comunidades indígenas puedan llegar hasta Belém. En 2024, por ejemplo, los kambebas de los alrededores de Manaos, a unos 1000 kilómetros en línea recta de la sede de la COP, quedaron aislados durante varios meses cuando gran parte del río Negro y sus afluentes se secaron. En octubre de ese año, el nivel del río Negro descendió hasta los 12,66 metros, el más bajo en 122 años de registros, según datos del Servicio Geológico Brasileño. El promedio histórico para esa época del año es de alrededor de 18 metros.
A orillas del río, Raimundo Cruz da Silva, de 50 años, respasa las fotografías en su teléfono celular. “Cuando era joven, el río retrocedía solo unos metros durante la estación seca. El año pasado, en cambio, había que caminar más de un kilómetro para llegar al agua”, relata.
El desajuste de las estaciones también tiene consecuencias económicas. Sin turistas, no hay ingresos. La pesca y la agricultura se vuelven esenciales, pero la sequía encarece cada pez: es necesario caminar y navegar cada vez más lejos para encontrar los pocos que sobreviven.
Las parcelas agrícolas también se ven afectadas. Raimundo estima que el año pasado se perdieron al menos cien árboles en la comunidad. Las cosechas de mango y piña disminuyeron de forma considerable, obligando a los habitantes a comprar más alimentos en la ciudad, pese a la falta de ingresos. Solo la nuez de Brasil, conocida por resistir las olas de calor más extremas, sigue produciendo, aunque muchos kambeba temen que pronto también se vea afectada.
Al caer la tarde, la vida en la aldea kambeba retoma cierta normalidad. Tras la siesta, los perros salen de los refugios que cavaron para protegerse del calor, los niños se lanzan al “agua Coca-Cola” para refrescarse, los adolescentes juegan fútbol y los adultos comienzan a preparar la cena para alimentar a todos. También es momento de revisar si aún queda agua de lluvia almacenada en los recipientes semicerrados que rodean las casas. Horas antes, el ventilador eléctrico alimentado con energía solar era un aliado indispensable.
Para cualquier visitante ocasional, la escena podría parecer completamente normal. Sin embargo, todos coinciden en que “el equilibrio se ha roto”. Lo que los turistas observan desde los cruceros, cuando el nivel del río lo permite, refleja cada vez menos su “realidad” cotidiana. No ven la otra cara: un cambio climático que obliga a los kambebas a replantear costumbres y tradiciones profundamente arraigadas. Por ejemplo, no siempre han dividido su jornada en dos partes para intentar resistir el calor, aunque la siesta después de la cena es desde hace mucho tiempo un ritual en su cultura, al igual que en otras poblaciones que viven en países cálidos.
Además, como “pueblo del agua”, el impacto se siente de forma especialmente intensa. Los ancianos se preguntan cómo transmitir una cultura basada en ríos que funcionan como arterias de la Madre Naturaleza, cuando el caudal ahora es incierto durante buena parte del año. La supervivencia cultural de la comunidad está íntimamente ligada a la de la Amazonía. “Mi abuelo siempre decía: ‘No somos nada sin agua’”, recuerda Tainara da Costa Cruz, de 20 años, portavoz de la comunidad.
La joven activista ambiental participará en la COP30 en Belém. Inicialmente, esperaba presentar con cascos de realidad virtual los efectos de las “nuevas estaciones” en la vida de su pueblo. Sin recursos suficientes para hacerlo, usará su sola presencia pará hacer oír la desesperación de los miembros de su comunidad, que se sienten completamente olvidados a pesar de los gritos del corazón de las comunidades indígenas lanzados desde hace muchos años para salvar la Amazonia.
“Cuando se habla de la Amazonía, muchos piensan solo en una selva exuberante y ríos caudalosos. No se dan cuenta de que aquí también habemos personas que sufrimos. Todo parece verde y hermoso, pero incluso la Amazonía, con todo su esplendor, está siendo golpeada por el cambio climático”, explica.
Durante décadas, la selva amazónica funcionó como un enorme filtro natural, capaz de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que entre 2010 y 2018 esta capacidad comenzó a disminuir. Según la NASA, “aunque la Amazonía aún captura 100 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono más al año de las que emite”, se acerca peligrosamente a convertirse en una fuente neta de emisiones, tras haber perdido al menos el 17% de su superficie en los últimos 50 años.
La deforestación, en gran parte ilegal, es un factor clave en este deterioro. En su último informe anual sobre la deforestación en Brasil, publicado en mayo de 2025, MapBiomas, una red colaborativa formada por organizaciones no gubernamentales, universidades y empresas tecnológicas, estima que solo en los últimos seis años se han perdido 9.880.551 hectáreas de bosque, lo que equivale casi un país europeo completo. Esto se debe casi exclusivamente a la expansión de la agricultura (97%) y a la transformación de la selva tropical en pastizales, a menudo mediante incendios y prácticas ilegales, con el objetivo de producir carne, productos lácteos o habilitar campos de soya. Las ecorregiones del Amazonas y el Cerrado —una extensa sabana en el centro de Brasil, que rodea Belém— concentran por sí solas más del 83% de las áreas deforestadas.
A medida que el bosque tropical se reduce, también disminuye su capacidad de resistencia, en particular frente a las sequías. Menos árboles implican una menor retención de agua y condiciones más secas, lo que incrementa, entre otros factores, el riesgo de incendios forestales.
“Tenemos buenas ideas, pero el gobierno solo nos ofrece promesas electorales”, se queja Triukuchuri Taixira-Musana, jefe de la aldea kambeba. “Hace algunos años existía un equilibrio admirable. Sin embargo, los forasteros creen que pueden enriquecerse con la Amazonía sin dar nada a cambio. Deberían aprender, antes de que no quede nada, que no es necesario destruir un árbol para vivir bien ”.
Para intentar restablecer ese equilibrio, las comunidades indígenas defienden el reconocimiento efectivo de sus territorios como la principal política ambiental, un derecho que, aunque está consagrado en la Constitución brasileña de 1988, sigue sin aplicarse plenamente. Diversos estudios lo respaldan: en marzo de 2023, el Monitoring of the Andes Amazon Program (MAAP), una iniciativa impulsada por una alianza de ONGs, demostró que las áreas protegidas y los territorios indígenas de la Amazonía habían registrado solo un tercio de la pérdida de selva primaria observada en zonas no protegidas.
Carlos Quispe Dávila, de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), trabaja con comunidades indígenas tanto en Perú como en Brasil en el desarrollo de estrategias para la defensa del clima y de los derechos territoriales, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), de Canadá. Según él, no es posible hablar de protección de la población ni de la Amazonía sin un reconocimiento territorial efectivo. “Nadie puede defender un territorio si no tiene derechos sobre él”, afirma en una entrevista por videoconferencia desde Perú.
El especialista en derecho ambiental advierte además sobre una tendencia “muy evidente” de expansión de actividades delictivas transnacionales, como la minería ilegal, la tala clandestina y la construcción de carreteras no autorizadas, que provocan el desplazamiento forzado de comunidades enteras. Un análisis de datos gubernamentales realizado por el Instituto Centro de Vida (ICV), una organización ambiental sin fines de lucro, refuerza esta preocupación: el 91% de la deforestación registrada en la Amazonía brasileña entre agosto de 2023 y julio de 2024 estuvo vinculada a actividades ilegales como el desmonte para la agricultura y la minería artesanal, “a menudo orquestadas por organizaciones criminales internacionales”.
“No se trata solo de la existencia de actividades ilícitas ni de la capacidad del gobierno para frenarlas”, señala Quispe Dávila. “Estos grupos y empresas actúan porque existe una lógica económica que los favorece, y porque los propios gobiernos les han otorgado derechos para extraer recursos”.
En la misma línea, Toya Manchineri, coordinador general de la COIAB, considera que, en lugar de enfocar el debate en la captura de CO₂, el gobierno brasileño debería priorizar una política real de demarcación de los territorios indígenas. Tiene previsto llevar esta exigencia a la mesa de negociaciones de la próxima COP. “Esperamos que Brasil haga algo más que utilizar a los pueblos indígenas para proyectar una buena imagen ante la prensa durante la conferencia climática en Belém”, señala.
“El gobierno [de izquierda] del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está más dispuesto a dialogar con nosotros”, reconoce Manchineri. “Sin embargo, aunque hoy se nos escucha más que antes, nuestros derechos aún no se respetan plenamente. Existen proyectos en el Congreso que van en contra de nuestros intereses, como las solicitudes autorizadas de exploración minera en territorios indígenas”.
Durante las dos horas de navegación por el río Negro rumbo a Manaos, en lancha motora, la mirada se detiene inevitablemente en los claros que han ido apareciendo con el paso del tiempo en la selva ribereña. Algunos se remontan al “boom del caucho” de hace más de un siglo; otros son producto de la expansión actual de asentamientos precarios en los límites de la ciudad. La selva tropical parece haber pagado siempre el costo de la expansión humana en la región.
Para llegar desde allí hasta Belém en barco, los kambebas necesitarían varios días de viaje para recorrer más de 1000 kilómetros. Por ello, esperan obtener financiamiento privado que les permita costear los pasajes aéreos de su delegación. En Belém, capital del estado de Pará, encontrarán una región profundamente transformada por la llegada de miles de dignatarios para la COP30.
Ubicada a unos 100 kilómetros del océano Atlántico, Belém —conocida como la “puerta de entrada a la Amazonía”— sigue siendo una ciudad marcada por la pobreza. Sus habitantes, y en particular las comunidades indígenas, se han beneficiado muy poco de la economía generada por el puerto, fundado por los portugueses en 1616. Aún hoy, cerca del 16% de la población, que alcanza los 1,4 millones de habitantes, carece de acceso a servicios básicos de saneamiento, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Al anunciar a Belém como sede de la COP30, el presidente de la conferencia, André Corrêa do Lago, afirmó que se trataba de una oportunidad única para enfrentar directamente estos desafíos. Sin embargo, la preparación para recibir a decenas de miles de participantes ha supuesto un enorme reto logístico para la ciudad portuaria (los representantes de la COP30 rechazaron las solicitudes de entrevista para este reportaje).
El gran parque construido en las afueras de Belém para albergar las principales conferencias es considerado por el urbanista José Júlio Ferreira Lima, profesor de la Universidad Federal de Pará, como la obra “más significativa”, ya que, una vez finalizado el evento, ofrecerá a la población espacios verdes y áreas deportivas. No obstante, otras infraestructuras levantadas específicamente para la COP generan inquietud. Por ejemplo, una autopista de varios carriles, de decenas de kilómetros, atraviesa ahora zonas de bosque para permitir el traslado de participantes que se alojarán en cruceros frente a la costa atlántica, ante la falta de alojamiento suficiente cerca de los principales recintos. Asimismo, un extenso corredor peatonal divide la ciudad en dos, pero carece de zonas de sombra, lo que lo vuelve prácticamente inutilizable debido al calor. Las renovaciones en barrios vulnerables, financiadas por el estado de Pará y por la COP30 para mejorar la imagen de la ciudad ante los visitantes, también generan preocupación, ya que podrían desplazar a más personas de las que beneficien.
La gran transformación de Belém, históricamente pobre en comparación con otras grandes ciudades brasileñas, preocupa a la población local. Muchos residentes consideran que esas inversiones deberían haberse destinado a enfrentar de forma más directa los efectos del cambio climático. Para 2050, Belém podría convertirse en una de las ciudades más calurosas del mundo, con hasta 222 días al año de calor extremo —por encima de los 32° C—, según un análisis de CarbonPlan, una organización sin fines de lucro especializada en datos y estudios climáticos, realizado en colaboración con The Washington Post en 2023. Se trataría del mayor incremento proyectado entre todas las grandes ciudades del planeta.
En el mercado al aire libre, Fabio Miranda, de 40 años, vendedor de açaí —unas bayas con sabor a frutos rojos y cacao, emblema de la Amazonía—, considera que las renovaciones urbanas son meramente superficiales y no han sido pensadas para los trabajadores locales. “La celebración de la COP no cambiará nada para mí. Solo los ricos se beneficiarán alquilando sus departamentos durante la conferencia”, afirma.
Sara Alexandre da Silva Pereira, de 53 años, quien nunca se separa de su pequeño ventilador de pie, comparte esa percepción. “Hace diez años no necesitaba ventilador”, recuerda. “Ahora lo uso todos los días, y seguirá siendo así cuando tengamos acceso al nuevo mercado que están construyendo [el cual no tendrá aire acondicionado]. [La electricidad para mantener el ventilador encendido], es uno de mis gastos más altos”. Los costos derivados del aumento de la temperatura, añade, no afectan a los sectores más acomodados, “pero sí a los trabajadores y a las clases más pobres, que son quienes terminan pagando el precio”.
En las afueras de la ciudad, en los barrios vulnerables de Curió-Utinga y Vila da Barca, el escepticismo respecto a los beneficios de la COP30 es aún mayor. En su pequeña casa de madera, Juscelino, de 57 años, ha visto aparecer una marca de pintura que anuncia que su vivienda en Curió-Utinga podría ser demolida o trasladada debido a las obras de acueducto impulsadas con la llegada de la conferencia. “Al menos ahora [los dirigentes] nos ven. Pasaron 30 años sin que hicieran nada en el barrio”, dice, sentado a la sombra del marco de su puerta. Sin embargo, este reparador de ventiladores —un oficio casi indispensable en la zona— duda de que el gobierno llegue a desalojar efectivamente a los residentes, ya que no existen recursos para indemnizarlos.
En Vila da Barca, un asentamiento precario construido con casas de madera y láminas metálicas, no hay alcantarillado, agua potable ni servicio de recolección de basura. Los residuos se arrojan directamente a las orillas de la bahía de Guajará, bajo las viviendas levantadas sobre pilotes. Aunque se construye una planta de tratamiento de aguas residuales junto al barrio, las tuberías atravesarán la zona sin que esta sea conectada al sistema. El gobierno prevé concluir estas obras en abril de 2026.
Durante un recorrido por el laberinto de pasarelas de madera del barrio, Inêz Medeiros, educadora y líder comunitaria de 37 años, aclara que Vila da Barca no se opone a la celebración de la COP30. Sin embargo, lamenta no haber sido incluida en los proyectos para que la conferencia deje un legado concreto, incluso en las zonas más desfavorecidas.
“Las personas más pobres somos quienes sufrimos con mayor intensidad los efectos del cambio climático. Para mí, eso es racismo ambiental. Habrá una zona elegante para la COP, donde todo se renovará, mientras los residuos de esa transformación terminarán acumulándose en nuestras casas”, afirmaba en junio.
Según Mark Lutes, asesor principal en política climática global del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF International), con sede en São Paulo y participante habitual en foros internacionales sobre cambio climático, la próxima COP será una prueba decisiva para Brasil. En particular, porque el país aspira a que la comunidad internacional incremente el financiamiento destinado a la protección de las regiones más afectadas por el cambio climático, entre ellas la Amazonía, especialmente en lo relativo a la deforestación.
“Mi mayor temor es que, una vez terminada la COP, el mundo vuelva a la normalidad como si nada hubiera pasado”, advierte. “Existe un riesgo real de que la presión disminuya, sobre todo porque, en el caso de Brasil, más allá de las buenas intenciones del gobierno actual, sigue siendo muy difícil frenar la aprobación de leyes perjudiciales para el medio ambiente”.
WWF Brasil, por ejemplo, observa con preocupación la reciente propuesta del gobierno de autorizar perforaciones exploratorias en el mar, frente a la desembocadura del río Amazonas. Según un informe publicado por la organización en junio de 2025, Brasil debería aumentar su producción de petróleo y gas en más de un 20% de aquí a 2030, y la empresa estatal Petrobras concentraría más de la mitad de ese crecimiento, en gran medida a través de nuevos proyectos de exploración.
Sentado en la terraza de un bar frente a la bahía de Guajará, en Belém, Ronaldo Amanayé, director general de la Federación de Pueblos Indígenas del Estado de Pará, se seca el sudor de la frente antes de hablar. “He asistido a las tres últimas COP y siempre me he ido decepcionado”, afirma. “Este año tiene que ser distinto, sobre todo porque los líderes mundiales vendrán a la Amazonía y podrán ver la realidad de cerca. No deberían preocuparse por la existencia de hoteles de cinco estrellas, sino alegrarse de estar finalmente frente a los problemas reales”.
Según Amanayé, no existe el riesgo de que las comunidades indígenas fueran instrumentalizadas durante esta COP, especialmente porque se celebraba “en casa”. El mundo —y en particular los antiguos países colonizadores de Brasil, como Portugal, España, Francia y los Países Bajos— debe, a su juicio, “asumir su responsabilidad” frente al sufrimiento de la Amazonía. “Son las comunidades indígenas las que están siendo asesinadas abiertamente en los conflictos con las industrias ilegales que buscan explotar nuestros territorios”, denuncia.
“En el pasado fuimos ingenuos”, reflexiona mientras el sol se pone sobre la bahía. “Subestimamos la sed de oro y plata de los blancos”.
Xavier Savard-Fournier viajó a Brasil por invitación del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC). Este reportaje se realizó con la colaboración de Sandro Gama Pedroso y Alessandro Falco.
El artículo fue publicado en la edición de diciembre de 2025 de L’actualité.
Comparta esta página